La reciente aprobación de la reforma constitucional ha sido contestada por la izquierda y por los nacionalistas y ha sido apoyada por los liberales. A estos les parece una restricción intolerable porque limita el nivel de gasto de las Comunidades Autónomas. La idea no es sorprendente, ya que cualquiera que haya tenido relación con una Comunidad Autónoma sabe de su inmenso dispendio, su despilfarro y, en muchos casos, de su ineficacia. Los liberales, por el contrario, han defendido la reforma y creen que con limitarán así el gasto excesivo de las cuentas públicas, que ellos consideran nuestro talón de Aquiles económico. Con muchísima frecuencia -especialmente el ultraliberalismo populista- apela al inmenso gasto de la clase política que se consigue gracias a esquilmar a los que "crean riqueza" y especialmente "a las clases medias", como si a las clases trabajadoras o a los empresarios no se les esquilmara también. Esta es una visión sesgada y parcial del asunto porque olvida que un Estado puede administrar correctamente el dinero disponible y, sin embargo, contar con altas cotas de paro, inflación desbocada y, en definitiva, con un desastre económico, precisamente por haberse producido un error estructural de su modelo económico. Esto es lo que debe preocuparnos ya que la buena gestión y la lucha contra el despilfarro pueden ser asumibles tanto por un modelo de "libre mercado" como por un koljós soviético, contando ambos con perspectivas muy diferentes. El despilfarro tiene que ver con la corrupción de la clase política; el modelo erróneo con la corrupción de la clase intelectual. Nosotros hemos mantenido aquí que la corrupción intelectual es, sin menoscabo de otras, la peor de todas y el origen de donde nace el resto, pero eso sería un asunto de otro artículo. Lo que vamos a discutir aquí es la razón que ha conducido a la presente reforma constitucional y cuales son sus consecuencias.
Primero, hay que pensar que debe ser algo importante: PP y PSOE -el PPSOE, en adelante-, que no se ponen de acuerdo ni para hacer un jardín de infancia, han votado esta vez en bloque, laminando a los nacionalistas. Anteriormente, el PPSOE no ha dudado un momento en meterse en discusiones interminables para arreglar el lío de las "nacionalidades" de una nación, para ilegalizar al brazo político de una banda mafiosa o para recuperar para el Estado las actuales competencias de educación, gracias a las cuales un chaval catalán no sabe donde está Plasencia. Pero para esto s
í que se han puesto de acuerdo en tiempo record. Incluso Rubalcaba, el auténtico cerebro del movimiento 15-M, dice que "endeudarse no es de izquierdas" y ha votado como uno más, después de recordar a los bancos y a "las rentas más altas" sus "obligaciones".
La "izquierda extravagante" -un términos de Gustavo Bueno que yo creo que debería incluir plenamente a IU y a los sindicatos- se ha quejado en voz alta pero sin duda pasarán por el aro. De hecho, hasta ahora, sin existir la reforma constitucional, los políticos de uno y otro signo han respetado por acción u omisión, la doctrina dominante impuesta desde el Banco Central Europeo (BCE) y la UE de que se existe para garantizar la "estabilidad de los precios" y de que el "equilibrio presupuestario" debe ser el eje de la economía.
Si tan en contra estaban, han tenido multitud de ocasiones de combatirlo denodadamente, desde hace bastante tiempo. No ha sido así porque ellos son solo el ala "rebelde" del "establishment" político. Pero, ¿en qué consiste la reforma susodicha? Primero hay que explicar el principio que la inspira. El punto 1 del nuevo artículo 135 dice que "Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria". Es, por tanto, la "estabilidad presupuestaria" la idea que se consagra constitucionalmente.
Además, el punto 3 dice que "los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta".
Así las cosas, vamos por partes. Primero hay que decir que la reiterada idea -sobre todo estos días- de que "no se puede gastar más de lo que se tiene" es falsa. Todo el que tiene una hipoteca lo hace, aunque cobre 1500 euros al mes. En este caso su deuda asciende a varias docenas de veces su salario anual, en definitiva una cantidad muy superior al 3%. Los empresarios lo hacen constantemente para crecer, y este debería ser un ejemplo tenido en cuenta por todos aquellos que creen que debe aplicarse al Estado los criterios de la contabilidad privada (un Estado es "como una familia", dicen). Si se siguiera el criterio en cuestión, la financiación de las empresas sería en muchos casos imposible.
Dicho esto, el dinero con el que se financia el denominado "crecimiento económico" -sea lo que sea esto- y gracias al cual la producción absorbe el paro existente puede venir bien del instituto emisor, que lo imprime, o bien de los que lo tienen por otros medios, como ocurre con los mercados, que se componen de millones de inversores privados. El instituto emisor imprime el dinero de la nada, a coste cero o casi cero, porque su misión es garantizar el crecimiento económico o, en otras palabras, que la economía productiva real no se quede sin medio de cambio general, es decir, no se quede sin dinero.
Nuestro instituto emisor es el BCE y, hasta ahora, nadie ha sabido nunca explicar porqué las emisiones del BCE son una deuda a pagar por los que lo reciben. Si yo me fabrico una casa, es absurdo que yo me la cobre a mi mismo; solo si me la fabrica otro tiene sentido que yo pague. El ejemplo es claro en el caso de la Reserva Federal de los EEUU: las emisiones de dinero de la FED "endeudan" al país y éste tiene que pagar intereses en concepto de deuda. Esto solo es posible si se entiende que un organismo que debería ser público -el Banco Central- es en realidad una entidad privada.
¿Por qué? La privatización de los Bancos Centrales es un caso flagrante de secuestro de soberanía económica, ya sea a nivel europeo o a nivel nacional. Sin embargo, además de obtener dinero del instituto emisor, que canaliza su inyección en el sistema económico a través de la banca privada, se puede pedir prestado a inversores privados -los célebres mercados- cuyo fin principal es el beneficio.
Lógicamente, la perspectiva es harto distinta: si el BC presta a un interés reducido a la banca privada, puede decirse que en parte tiene la llave del precio del dinero que llega a la economía real. En el caso de los mercados su fin es el lucro y los intereses suelen ser mucho más altos. Aunque estos días los empresarios británicos han solicitado al Banco de Inglaterra la impresión -la famosa "quantitative easing"- de 50.000 millones de libras para reactivar la economía británica, la ideología económica dominante asume dogmáticamente que la inyección de dinero vía Banco Central crea inflación, pero no cuando llega vía inversores privados.
Así las cosas, la presente reforma constitucional consagra el principio de la "estabilidad presupuestaria"; es decir, que el Estado no se endeudará en exceso como para no poder devolver lo prestado. Además, el pago de intereses y de la deuda gozará de "prioridad absoluta". Implícitamente se reconoce así que el BCE no cumple con su función, de manera que se empuja al Estado español a financiarse vía mercados y, lógicamente, a pagar un elevado interés por ello.
Es necesario recordar que la "estabilidad presupuestaria" está destinada solamente a satisfacer la sed de beneficios de los mercados, ya que de por sí, no significa nada: se trata de una situación que puede alcanzarse por motivos muy diversos. Un déficit presupuestario puede venir, por ejemplo, por una gran catástrofe, de modo que el Estado haya de endeudarse para reconstruir los daños. Puede, así mismo, haber superhábit presupuestario por los ingresos del Estado en una situación boyante o, al revés, por una situación desastrosa.
Si mañana se impusiera el pago a tocateja del importe íntegro de los medicamentos de la seguridad social o si dejaran de pagarse las pensiones, el superhábit del Estado subiría como la espuma. El grado de "estabilidad presupuestaria" solo nos dice algo si se valoran conjuntamente con otros factores, como el nivel de demanda, la actividad económica y, sobre todo, el empleo. Buscar a todo trance la "estabilidad presupuestaria" con un 20% de paro lo único que revela es que la financiación de la economía no funciona y que el BCE no cumple con su cometido, de lo cual hay que responsabilizar a los políticos. El beneficio es exclusivamente el de los mercados y la consecuencia será que el dinero destinado a nuestro pueblo irá a pagar los intereses debidos a inversores a los que importamos un comino.
Pero está claro que al PPSOE, y a la clase política en su conjunto, le importa más contentar a los mercados que solucionar los problemas de su pueblo. Los únicos que se han opuesto a este verdadero golpe de Estado lo han hecho por razones de confusa verborrea -como esa izquierda tragicómica y parasitaria que padecemos- o por aferrarse a sus ridículas idolatrías de aldea. ¿Hasta cuando así?
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